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Siembra de soya transgénica continúa en México pese a orden de la SCJN: ONG

La siembra de soja transgénica en Campeche por la parte de Monsanto todavía prosigue pese a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que deja ver que la vagancia gubernativo en frente de los ordenes de sus instituciones, apuntó la Misión de Observación Urbe de México-Campeche.

El organismo aseguró que no se ha llevado a cabo la sentencia emitida por la SCJN que dictaminó la suspensión de los permisos de siembra y compraventa de soja transgénica distribuida por la empresa Monsanto en la entidad, y que Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), cuya labor es observar el cumplimiento del orden, no tiene control sobre el monitoreo de los cultivos de soja cambiada genéticamente.

Conforme con la Misión, el Senasica continuamente cambia los datos de los cultivos y la información que da es imprecisa y también inalcanzable merced al empleo de tecnicismos y sin traducción al maya, sin que haya sanción alguna para los infractores.

La antropóloga Margarita Rosales expresó que dichos datos son indispensables para la toma de resoluciones de las treinta y cuatro comunidades mayas perjudicadas, aparte de que el mal manejo de exactamente los mismos pondría bajo riesgo la primera consulta en México sobre el cultivo o bien no de la soja transgénica en tierras peninsulares.

A mediados del mes, las comunidades mayas denunciaron que pese a que debió hacerse el proceso de consulta a comunidades mayas de Holpechén para tratar los permisos sobre la siembra de soja genéticamente cambiada, el Senasica no asistió a la mesa de diálogo, lo que patentizó su “falta de voluntad política”.

En frente de ello, la Misión así como las comunidades urgieron al poder judicial que tome las medidas precisas para asegurar la ejecución adecuada de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional, que suspendió el permiso de siembra de soja transgénica en dos mil quince, y la renuncia del directivo general de Senasica, Hugo Fragoso Sánchez, por tener una actitud “reiteradamente discriminatoria, negligente y poco ética” frente a las comunidades mayas que participan en el proceso de consulta.