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Peña Nieto será investigado en la Corte Interamericana por tortura sexual a mujeres en Atenco

Peña Nieto va a ser investigado en la Corte Interamericana por tortura sexual a mujeres en Atenco

Hace once años, cuando era gobernante del Estado de México, el ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó un operativo policial de setecientos elementos de la extinta Policía Federal Precautoria y de mil ochocientos quince agentes municipales para replegar a los participantes de la manifestación –entre ellos mujeres, pequeños y ancianos– de la comunidad de San Salvador Atenco.

Las declaraciones emitidas por el entonces gobernante del Estado de México, como de los miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de los atropellos cometidos a lo largo de este acto, resultaron determinantes para eludir que prosperara el pleito de once mujeres que denunciaron “tortura sexual”.

En entrevista con RT en De España, Jenaro Villamil, cronista y autor del libro ‘La caída del telepresidente’, asegura que “la opresión de Atenco es el hecho que adelantó y acompaña el estilo de regir de Peña Nieto y de todo el conjunto mexiquense en el poder”. Y agrega: “La investigación internacional asimismo es un precedente de las otras grandes matanzas y represiones del presente Gobierno federal. Quizás ese puede ser el camino que tomen casos como Tlatlaya y Ayotzinapa”.
No obstante, este caso –los agravios realizados contra las mujeres a lo largo de las quejas del tres y cuatro de mayo de 2006–, es merecedor de “medidas administrativas, disciplinarias o bien penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien remitió el caso a la Corte Interamericana después de que el Estado mexicano se negase a atender ciertas recomendaciones elaboradas en el mes de octubre del dos mil quince.

Las conclusiones de la CIDH sobre este caso apuntan al actual presidente de México como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra los pobladores y activistas de la comunidad de Atenco cuando fue gobernante del Estado de México, misma responsabilidad que va a ser analizada a lo largo de la audiencia frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al respecto, Villamil comentó a RT que “hay que rememorar lo que exactamente el mismo presidente de México afirmó en la Universidad Iberoamericana, en la capital del país el pasado once de mayo de dos mil doce, cuando estudiantes le cuestionaron la opresión de Atenco. Peña Nieto aceptó que fue el encargado de dichos actos y también, aun, aseguró que los volvería a cometer usando la fuerza pública”, concluyó.

En el último trimestre del año vigente, la Organización de Estados Americanos (OEA) examinará el alegato político de funcionarios mexicanos por la “denegación de justicia” en los casos de María Patricia Romero Hernández, Regla Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares, Mariana Selvas Gómez y Georgina Edith Rosales Gutiérrez y Suhelen Gabriela Grutas Jaramillo, quienes en once años no han encontrado justicia ni paz en sus vidas.