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Economía deteriorada, desempleo y salarios bajos están provocando altos índices de violencia: especialista

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Son las diez de la noche y Gustavo, editor de un reconocido diario de nota roja capitalino, se sienta en su silla y mira fijamente una pared de cristal llena de fotografías producto de la jornada del día: 2 degollados, 4 ejecutados, un calcinado, son ciertas opciones para su portada, tras meditarlo un buen rato elige la fotografía y nota que “irán” de principal: “Perdonan vida a dos niñitas” cabecea el diario la historia sobre 4 personas asesinadas que aparecieron en una brecha de Axapusco, Estado de México.

La enorme pluralidad de opciones para la portada de un diario experto en temas de seguridad es producto de la espiral de violencia que vive México, datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), un organismo de la Segregaría de Gobernación señalan que mayo fue el mes con más homicidios desde septiembre de dos mil doce.

Junio por su lado ha confirmado una tendencia en alza que llama la atención de los expertos en temas de seguridad que examinan el fenómeno. A lo largo del mes pasado se comenzaron mil seiscientos sesenta y seis averiguaciones anteriores por el delito de homicidio doloso, según las cifras del (SNSP).

Junio es el segundo mes con más homicidios en lo que va de dos mil dieciseis y el segundo más violento en lo que se refiere a homicidios en 4 años. Por su lado el Instituto Nacional de Geografía Estadística y también Información (INEGI) confirmó a fines de julio que a lo largo de dos mil quince la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se sostuvo igual que en 2014: doscientos quince homicidios por cada cien mil habitantes lo que nos pone en el noveno sitio en Latinoamérica.

Los estudios de diferentes agencias de seguridad señalan que las elevadas tasas de delincuencia y también inseguridad acarrean los próximos efectos: desgasta la calidad de vida, afecta de manera negativa el tiempo de negocios al reducir la inversión, se produce un alto costo de ocasión de los recursos destinados a seguridad, como una percepción negativa de los ciudadanos sobre la eficiencia del Estado en el combate al crimen, lo que repercute en la minoración de la calidad de la democracia, entre otros muchos efectos.

En este sentido Elena Azaola, maestra y también estudiosa del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) especifica cuáles son ciertas causas que producen un entorno favorezco para cometer crímenes de alto impacto primordialmente perpetrados por conjuntos delictivos organizados como cárteles de la droga o bien bandas de secuestradores.

“Primero debo decirte que no se ha hecho un análisis y revisión a fondo en las políticas de seguridad, más bien ha operado una inercia de exactamente las mismas políticas que sabíamos que no habían dado buenos resultados a lo largo del sexenio precedente de Felipe Calderón. No hubo empeño suficiente en repasar y readaptar esas políticas y hay una incapacidad por la parte de las instituciones de seguridad en todos y cada uno de los niveles por supervisar este fenómeno.

“Las políticas de seguridad deben ir alén de la contención y la opresión y han de estar más articuladas con las políticas sociales y económicas. En un escenario donde la economía se estropea, el uso tiene cifras inapropiadas por el desempleo, el subempleo y los sueldos bajos, eso provoca asimismo un enorme déficit en temas relacionados con derechos humanos, índices de violencia altos”.

Si bien en términos prácticos la tasa de homicidios de dos mil quince se sostiene igual a la de dos mil catorce, este dos mil dieciseis apunta a un desarrollo conforme con datos del Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apuntan que a lo largo del primer semestre de dos mil dieciseis se registró un incremento en el número de muertes violentas, en comparación con exactamente el mismo periodo de los un par de años precedentes

De enero a junio del actual año, ocurrieron diez mil trescientos uno homicidios dolosos en el país, 1 mil trescientos veintidos víctimas más que en exactamente el mismo lapso de dos mil quince (cuando ocurrieron ocho mil novecientos setenta y nueve) datos que se desprenden de los reportes entregados por las procuradurías de justicia de las treinta y dos entidades federativas. Desde dos mil catorce, estos informes separan el número de víctimas, y no solo la cantidad de averiguaciones anteriores iniciadas.

Sobre este incremento de los indicadores Azaola apunta, “este gobierno padeció una inercia en las políticas de seguridad del gobierno precedente que ya se había visto que no habían dado resultado. El levanta de violencia es el resultado de múltiples inconvenientes de gobernabilidad no atendidos en su debido tiempo y que hacen crisis.

Utilizar al Ejército en labores de seguridad pública además de esto tenemos sistemas de procuración de justicia inútiles y también ineficientes, el cambio al nuevo sistema de justicia penal no basta para que las instituciones en automático empiecen a marchar adecuadamente. Prosiguen exactamente los mismos vicios, las procuradurías prosiguen en dependencia de las órdenes de los poderes ejecutivos federales y locales. Esa falla se combina con las instituciones de seguridad que sostiene altos niveles de corrupción y también impunidad.

“En policías municipales, estatales, federales y el propio Ejército existen personas que se han pasado del lado del crimen. La lógica de sus negocios consiste en dominar territorios, aterrar a la gente con altos niveles de atrocidad que son preciso exhibir, a los delincuentes no les sirve matar a alguien y que absolutamente nadie sepa, deben exhibirlo, que sus contrincantes sepan quién controla el territorio”.

Para la especialista, Enrique Peña Nieto confió en que las reformas estructurales que planteó y mejorarían por sí mismas la situación del país, “sin embargo, eso no ocurrió. Esas reformas no han dado los resultados que aguardaban sus indicadores son bastante malos. Sencillamente se apostó a entregar la vuelta a la página en temas de seguridad y aguardar que con las reformas, el país prosiga caminando.

“Esa fue una apuesta equivocada en la que desatendieron tener una propia estrategia de seguridad. Pese a que comenzaron el sexenio con un buen alegato de por qué razón no proseguir con ella, en los hechos desgraciadamente se ha ido probando que prosiguieron con exactamente la misma política y por consiguiente con exactamente los mismos resultados.

“Ha sido un desatiendo no atender temas graves que estaban presentes desde hace tanto tiempo en debilidad y debilidad de instituciones de seguridad y justicia que no han sido atendidos, aparte de que no se ha creado una política de seguridad más extensa y mejor articulada con políticas sociales y económicas. No tengo elementos para efectuar predicciones, mas el escenario no se ve positivo”, concluyó Azaola.

Impacto en la economía

Conforme los datos del artículo: Delincuencia y desarrollo económico regional en México, firmado por Salvador González Andrade, estudioso de El Instituto de la Frontera Norte (publicado en su web en dos mil catorce) se estimó que México gasta el quince por ciento de su Producto Interno Salvaje (Producto Interior Bruto) en prevención, combate y resarcimiento de los daños causados por el crimen.

Lo precedente incluye los costos de las policías públicas y privadas, prisiones, seguros, transferencias de las víctimas a victimarios y las pérdidas estimadas en años de vida saludables por homicidios o bien discapacidad causados en actos delictivos.

El Instituto Mexicano de la Competitividad halló que los costos directos y también indirectos del crimen y la violencia en México representan en torno a ciento ocho mil millones de pesos por año, cifra mayor a la colecta fiscal y más del doble de lo que la banca comercial presta a las compañías privadas mexicanas.

Por último, Salvador González refiere que una recesión esencial que llevara a una caída repentina de 5 por ciento en el Producto Interior Bruto de un país “podría generar un acreciento instantáneo próximo a cincuenta por ciento en la tasa de hurtos. No obstante, esto no sucedería si se acentúan simultáneamente los mecanismos de control y prevención de la criminalidad”.